El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y el Gobierno de Joe Biden están librando una batalla silenciosa por el despliegue de alambre de púas en la frontera con el vecino Nuevo México, su último intento de frenar a los inmigrantes indocumentados en territorio federal y sin permiso para hacerlo.
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La Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC), que administra los tratados sobre límites y aguas entre EE.UU. y México, comunicó a la Guardia Nacional de Texas a principios de este mes que está “invadiendo propiedad federal” y que dicha actividad podría “dar lugar a violaciones de leyes federales, acuerdos internacionales y problemas hidráulicos en la llanura de inundación” del río Grande, según un correo electrónico obtenido por CNN.
Invasión
Según la IBWC, organismo internacional compuesto por una sección mexicana y otra estadounidense con sede en El Paso (Texas), la “invasión” se produce en una propiedad federal de Texas que incluye la llanura aluvial del río Grande, al norte de la frontera entre México y Estados Unidos y justo antes de la frontera con el estado de Nuevo México.
Aunque la IBWC no describió la “invasión” como alambre de púa en su carta, el representante demócrata de Nuevo Mexico Gabe Vasquez dijo a CNN que su oficina fue la primera en hablar con la IBWC e informarle que se había instalado este alambre en el lado de Texas del río Grande. Se instaló, dijo, “sin el conocimiento o la aprobación de la IBWC, (su) oficina o funcionarios locales de Nuevo Mexico”.
La campaña de Texas para frenar a los inmigrantes
El conflicto fronterizo es la última disputa entre Texas y el Gobierno de Biden, en un momento en que el aumento de la inmigración está poniendo a prueba los recursos estatales y federales.
Abbott lanzó la Operación Estrella Solitaria en marzo de 2021 para luchar contra la inmigración ilegal y desde entonces ha desplegado kilómetros de barreras fronterizas a lo largo del río Grande entre Texas y México.
En julio, el Departamento de Justicia demandó a Texas alegando que había instalado ilegalmente boyas fronterizas en el río Grande, y pidió a un juez que obligara al estado a retirarlas. Aunque un juez de distrito ordenó su retirada el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. ha permitido que permanezcan en su lugar mientras estudia el caso.
