El presidente, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para reforzar los controles de antecedentes criminales, promover un almacenamiento más seguro de las armas y garantizar que las fuerzas del orden saquen el máximo partido de una ley bipartidista de control de armas promulgada el verano pasado.
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Durante un discurso desde Monterey Park, un suburbio de Los Ángeles donde 11 personas murieron en enero en un tiroteo durante las celebraciones por el Año Nuevo Lunar, Biden afirmó que estaba decidido de una vez y por todas “a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad”. “Basta ya”, afirmó. “Tenemos que hacer algo trascendente”.
Biden está decido a que se apruebe
El presidente no pudo conseguir ese objetivo ni siquiera cuando los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso. Biden también se mostró decidido a conseguir que se apruebe una verificación universal para la compra de armas.
Estaba previsto que el presidente se reuniera con las familias de las víctimas y con los equipos de emergencia cuyo trabajo fue clave ese día.
“Estoy aquí en nombre del pueblo estadounidense para acompañarlos en su dolor, para que sepan que no están solos [...] Sé lo que se siente cuando se pierde un ser querido [...] el dolor, la rabia, es una sensación difícil de explicar”, dijo Biden.
Menos armas
Al comentar sobre la medida, una fuente de la Casa Blanca indicó en una llamada telefónica con periodistas que “esta noticia significará que se venderán menos armas sin una verificación de antecedentes y, por tanto, menos armas acabarán en manos de delincuentes y abusadores domésticos”.
Según datos del FBI, el año pasado el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes llevó a cabo más de 31 millones de comprobaciones de antecedentes de personas que querían poseer armas de fuego o explosivos.
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Uso eficaz
La orden también insta a los miembros del Gabinete de Biden a promover el uso eficaz de las órdenes de protección de riesgo extremo, o leyes de “bandera roja”, en 19 estados y Washington D.C., mediante la colaboración con las fuerzas del orden, los proveedores de atención sanitaria y los educadores.
Con esta orden, Biden también animará a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) a que elabore un informe en el que se examine la forma en que los fabricantes de armas de fuego las comercializan, incluso entre los menores.
“Estamos analizando cómo los fabricantes de armas promueven sus productos, especialmente entre los menores de edad”, indicó el mandatario.