Estados Unidos volvió a tensar su relación con Cuba. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva ronda de sanciones contra cinco entidades estatales cubanas —tres de ellas vinculadas al conglomerado militar GAESA— y también contra una allegada de la familia Castro, en una nueva embestida de Washington contra el aparato económico y político del régimen de La Habana.
La decisión fue presentada por la administración de Donald Trump como parte de su estrategia para cortar las fuentes de financiamiento del régimen cubano, al que acusa de usar los recursos del país para sostener la represión, el control político y operaciones contrarias a los intereses de Estados Unidos, en vez de destinarlos a servicios básicos para la población.
Rubio sostuvo que el deterioro de la situación en la isla es consecuencia de un sistema que prioriza “el control total” sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar de los cubanos.
Golpe a la estructura económica del régimen
Entre las entidades sancionadas aparecen Rafin S.A., Banco Financiero Internacional y Almacenes Universales, todas señaladas por Washington como piezas clave dentro de la red empresarial de GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
A ellas se suman Geominera S.A. y la siderúrgica José Martí, a las que Estados Unidos acusa de explotar recursos minerales y metálicos para obtener ganancias en beneficio de la cúpula gobernante.
Además, las sanciones también alcanzan a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada en reportes internacionales como esposa de uno de los hijos de Raúl Castro, con lo que la Casa Blanca amplía el castigo no solo a estructuras estatales, sino también a figuras cercanas al poder político en Cuba.
Rubio endurece el discurso contra La Habana
El mensaje de Marco Rubio fue especialmente duro. El jefe de la diplomacia estadounidense acusó al régimen cubano de desviar recursos escasos hacia la represión, el espionaje y la protección de sus élites, mientras la población enfrenta apagones, escasez y un deterioro de los servicios básicos.
La nueva ofensiva llega en medio de una crisis económica severa en Cuba y apenas semanas después de que Washington ya hubiera activado otras sanciones contra figuras del régimen y empresas estatales, como parte de la orden ejecutiva firmada por Trump a inicios de mayo para endurecer la política hacia la isla.
Esa estrategia permite castigar a funcionarios, empresas y redes financieras señaladas de sostener la represión o de representar una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
La presión sube pese a las reformas anunciadas por Cuba
El nuevo castigo estadounidense llega también en un momento delicado para La Habana, que recientemente anunció un paquete de reformas económicas para abrir ciertos espacios al sector privado y atraer inversión.
Sin embargo, Washington considera que esos cambios no alteran el control del régimen sobre la economía ni frenan el uso político de los recursos del Estado.
Con esta nueva ronda de sanciones, la administración Trump confirma que mantendrá la presión sobre el gobierno cubano y su entramado militar-empresarial, en una escalada que no solo apunta a las empresas del Estado, sino también a los nombres cercanos al poder