La administración del presidente Donald Trump presentó una propuesta formal para incrementar en un 75% el costo del trámite de naturalización, una medida que busca transformar el financiamiento del sistema migratorio pero que establece nuevas barreras económicas para los solicitantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el proyecto en el Registro Federal, abriendo un período de 60 días para comentarios públicos antes de su implementación definitiva.
Con este ajuste, las solicitudes presentadas en formato físico en papel aumentarán de 760 a mil 330 dólares, un alza directa de 570 dólares. Por su parte, los trámites realizados por la vía digital en línea pasarán de 710 a mil 280 dólares. El incremento también afectará los procesos de revisión: apelar una denegación ante la junta de apelaciones subirá de 830 a mil 475 dólares, lo que representa un repunte del 77,7%.
La propuesta elimina casi todas las exenciones de pago actuales, incluyendo los beneficios destinados a familias cuyos ingresos se sitúan por debajo del 400% de la línea federal de pobreza. Únicamente los militares en servicio activo y los veteranos de las fuerzas armadas mantendrán la gratuidad del proceso.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), organismo que opera de manera autónoma mediante la recaudación de tasas y no con el presupuesto federal, justificó la medida bajo el argumento de que las tarifas vigentes resultan insuficientes para cubrir los costos operativos reales.
El DHS señaló un cambio de rumbo institucional al abandonar la política de administraciones previas que subsidiaban la naturalización para fomentar la integración. Según la agencia, estas alzas responden además a los decretos ejecutivos que exigen revisiones exhaustivas de los aspirantes, tales como el control de redes sociales, verificaciones vecinales y entrevistas con compañeros de trabajo.
Especialistas y defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron con severidad la iniciativa. Doug Rand, exfuncionario de USCIS, afirmó que el ajuste económico funciona como un obstáculo deliberado para la migración legal.
Asimismo, expertos legales advirtieron que la combinación de mayores costos, la eliminación de subsidios y el endurecimiento del escrutinio sobre el “buen carácter moral” imponen muros burocráticos internos en un proceso que actualmente exige poseer la residencia permanente por un período de tres a cinco años, superar exámenes de inglés y aprobar evaluaciones de educación cívica.