El Departamento de Justicia de Estados Unidos incrementó de forma notable sus esfuerzos para retirar el estatus legal a ciudadanos naturalizados. Según informes internos de la dependencia, la administración de Donald Trump fijó la meta de presentar al menos 250 casos de desnaturalización para el próximo mes de octubre, una cifra que evidencia la reorientación de los recursos federales hacia el endurecimiento de la política migratoria.
Durante los primeros dos meses de este año, las autoridades federales presentaron 29 demandas contra personas nacidas en el extranjero tras acusarlas de obtener el beneficio mediante engaños. Este ritmo supera con creces la tendencia histórica del país.
Datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse detallan que entre el año 2008 y mediados de junio de 2026 se formularon únicamente 166 denuncias por este concepto, lo que representaba un promedio inferior a diez casos anuales.
Ante el actual volumen de expedientes, el gobierno federal optó por reasignar a abogados civiles de distintas secciones, incluyendo especialistas en fraudes financieros, para reforzar la unidad de revocación de ciudadanía, compuesta originalmente por 12 profesionales. Asimismo, los casos comenzaron a distribuirse entre diversas fiscalías federales en todo el territorio estadounidense.
Respecto a la viabilidad legal, la desnaturalización representa una herramienta vigente en las leyes federales desde hace décadas. La normativa faculta al Estado para retirar la condición de ciudadano si se comprueba que el solicitante incurrió en falsedad de declaraciones o si obtuvo el beneficio sin cumplir los requisitos estrictos.
Un memorando oficial emitido por la fiscalía general establece diez categorías prioritarias, enfocadas en sospechosos de cometer crímenes de guerra, delitos graves no declarados, abusos sexuales o apoyo al terrorismo. Los portavoces gubernamentales puntualizaron que la persecución se dirige a fraudes graves y excluye infracciones menores como multas viales.
No obstante, expertos en derecho constitucional aclaran que la ejecución masiva de estas medidas enfrenta importantes barreras legales. Los litigios requieren procesos complejos ante tribunales federales, donde el gobierno debe aportar evidencia clara y contundente según los criterios de protección fijados por la Corte Suprema de Justicia.
En caso de una sentencia desfavorable, la persona pierde la protección estadounidense, regresa a su condición migratoria anterior (habitualmente la residencia permanente) y encara un eventual juicio de deportación. Esta campaña afecta de forma exclusiva a los naturalizados y no aplica para los ciudadanos por derecho de nacimiento.