En su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump reafirma una convicción que es pilar en toda su carrera política: el comercio es poder.
A doce meses de su nueva investidura, los aranceles no solo se consolidan como el instrumento favorito de su política económica, sino como una herramienta de presión global que ha reconfigurado alianzas, tensado mercados y coloca a Estados Unidos en el centro de una nueva era de proteccionismo agresivo.
Al comienzo de su primer año retornado al poder, el mandatario convirtió los aranceles en los protagonistas de su política económica, los gravámenes dejaron de ser solo punitivos, para funcionar como una herramienta coercitiva con la que atraer inversión y apuntalar la economía del país, enfocada, sobre todo, en la carrera por el liderazgo contra China, especialmente en el terreno tecnológico y de materias primas estratégicas.
Con estas medida, el mandatario se autoproclama “el rey de los aranceles”, y eso le sirve para asestar golpes en el tablero económico global al anunciar gravámenes “recíprocos” sobre las importaciones de casi todos los países del mundo bajo la premisa de reducir el déficit comercial con Washington o someterse a cualquier voluntad que el presidente exponga.
Entre muchos otros casos, en abril de 2025 la administración firmó una orden para aplicar aranceles recíprocos a numerosos socios comerciales con el fin de proteger la producción y los empleos estadounidenses.
El plan contempla una tasa base del 10 % a todos los países y tasas más altas a naciones como Vietnam (46%), China (34%), Taiwán (32%), Corea del Sur (25%) y Japón (24%); de hecho, la Unión Europea enfrenta un arancel base del 20% en este esquema.
El más reciente caso de amago se dio apenas este 19 de enero, cuando anunció la imposición de un arancel del 10% sobre importaciones de ocho países europeos —Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia— como parte de una estrategia para forzar una negociación sobre el control de Groenlandia, y se espera que este arancel suba al 25% a partir del 1 de junio de 2026 si no se alcanza un acuerdo.
Esta decisión provocó una reacción unificada de la Unión Europea, que expresó “total solidaridad con Dinamarca” y rechazó los aranceles, argumentando que socavan las relaciones transatlánticas y que la soberanía de Groenlandia debe ser respetada.