Las redadas migratorias en Minnesota, particularmente en el área de Minneapolis–St. Paul, generan cada vez más incertidumbre entre las comunidades inmigrantes, mientras se desarrolla una batalla legal entre autoridades estatales y el gobierno federal que podría definir el rumbo de estas operaciones en las próximas semanas.
Por ahora, las redadas no se han detenido, la administración del presidente Donald Trump mantiene su postura de que el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias federales, como ICE, actúan dentro de sus facultades legales.
Efectos de las redadas
En documentos judiciales recientes, el gobierno federal celebró que las operaciones han resultado en la detención de más de tres mil personas que se encontraban en el país sin autorización migratoria.
Sin embargo, el estado de Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, presentó el 12 de enero una demanda federal para frenar o limitar las redadas, argumentando que estas violan derechos constitucionales, incluida la libertad de expresión, y ponen en riesgo a residentes, incluso ciudadanos estadounidenses.
La situación se agravó tras el tiroteo fatal de Renee Good, de 37 años, ocurrido el 7 de enero durante una operación migratoria en Minneapolis.
Aunque la administración Trump sostiene que el agente federal actuó en defensa propia, videos difundidos públicamente muestran que el vehículo de Good se alejaba lentamente cuando fue baleado, lo que ha intensificado las protestas y el escrutinio público.
¿Violencia excesiva?
Desde entonces —según testimonios recabados por la agencia AP— se han registrado manifestaciones constantes, enfrentamientos verbales con agentes federales y el uso de gas lacrimógeno e irritantes químicos contra manifestantes.
Videos captados por transeúntes muestran tácticas agresivas, como el uso de un ariete para entrar a viviendas y la ruptura de ventanas de vehículos para sacar a personas por la fuerza.
Activistas y defensores de derechos civiles han expresado preocupación por la falta de transparencia en las cifras oficiales.
¿Cómo determinan a quién detener?
Julia Decker, del Centro de Derecho de Inmigrantes de Minnesota, señaló que no existe manera independiente de verificar si las personas detenidas son efectivamente indocumentadas, y denunció que ciudadanos estadounidenses han sido sacados de sus hogares y vehículos durante las redadas.
La policía local también levanta la voz, el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, denunció que agentes federales han detenido sin causa a personas de color, incluidos policías fuera de servicio que son ciudadanos estadounidenses.
Según Bruley, las quejas apuntan a un patrón de perfilamiento racial, aunque aclaró que podría tratarse de un grupo reducido de agentes federales.
En el ámbito judicial, la jueza federal Katherine Menendez aún no decide si concederá la orden solicitada por Minnesota para frenar las redadas.
No obstante, en un fallo separado, determinó que las autoridades no pueden detener ni usar fuerza contra manifestantes pacíficos que no obstruyan las operaciones.
Mientras el proceso legal avanza, el presidente Trump incluso amenazó con invocar una ley de 1807 para enviar tropas a Minnesota, aunque posteriormente se retractó públicamente.