A un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la migración se convirtió en el eje más visible —y más polémico— de su segundo mandato.
Según un informe del Migration Policy Institute (MPI), la administración implementó más de 500 acciones migratorias en su primer año, que resultaron en 622 mil deportaciones, superando el total de deportaciones realizadas durante todo el primer mandato de Trump (2017-2021), aunque aún están lejos de la promesa de llegar a la cifra de dos o tres millones de migrantes deportados al año.
Estas medidas combinan órdenes ejecutivas, cambios normativos y proclamaciones administrativas que ampliaron las causas de deportación y endurecieron el cumplimiento migratorio.
Este ritmo histórico de expulsiones genera preocupación entre defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, especialmente en ciudades con alta población inmigrante, donde las protestas no cesan.
Grupos civiles denuncian detenciones sin debida revisión judicial, el uso de técnicas coercitivas para acelerar casos migratorios y la presión sobre comunidades hispanas vulnerables.
Ligado al endurecimiento de la política migratoria, la expansión del sistema de detención de inmigrantes es otro cambio dramático.
Un reporte de American Immigration Council muestra que desde enero de 2025, el número de personas bajo custodia migratoria aumentó casi 75%, pasando de alrededor de 40 mil a casi 66 mil detenidos en noviembre de 2025.
Además, la administración bloqueó prácticamente la liberación discrecional de inmigrantes detenidos, obligándolos a permanecer en custodia mientras litigan sus casos ante jueces de inmigración.
El resultado es un sistema más rígido, con instalaciones que incluyen cárceles de condados, prisiones estatales y nuevas estructuras temporales en bases militares.
Las condiciones en esos centros empeoran y se reportan muertes y abusos, lo que desata críticas intensas sobre las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Al respecto, Amnistía Internacional denunció el trato cruel, inhumano y degradante en dos centros de detención de inmigrantes en Florida: el Centro de Detención de los Everglades (“Alligator Alcatraz”) y el Centro de Internamiento de Krome North (Krome).
Refiere que en febrero de 2025, Florida aprobó unas leyes de inmigración extremas y discriminatorias que ponen en grave peligro a las comunidades inmigrantes.
La ampliación de los acuerdos que permiten a los agentes locales encargados de hacer cumplir la ley actuar como funcionarios de inmigración y detener a personas por cuestiones migratorias ha dado lugar a detenciones indebidas, establecimiento de perfiles raciales y un temor generalizado que impide a las familias acceder a escuelas, hospitales y otros servicios esenciales.
Con ello Florida se convirtió en un campo de pruebas para políticas abusivas de aplicación de las leyes de inmigración, estrechamente alineadas con la agenda racista y contraria a la inmigración del gobierno de Trump.
Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, el estado intensificó la criminalización de la migración y utiliza amplios poderes de emergencia para incrementar rápidamente las detenciones en masa.
Desde enero de 2025, solo Florida aumentó en más de un 50% el número de personas detenidas por motivos de inmigración y todo esto bajo condiciones de abusos y trato inhumano, al grado de que se reporta que suman 24 personas muertas bajo custodia del ICE desde octubre de 2024, seis fallecieron en centros de Florida, cuatro de ellas en Krome.