El primer aniversario del segundo mandato del presidente Donald Trump llega marcado por una estrategia de aplicación migratoria que trasladó el conflicto del discurso político a las calles.
Las redadas, los operativos masivos y la confrontación directa con las llamadas “ciudades santuario” redefinen la relación entre el gobierno federal, las autoridades locales y las comunidades inmigrantes, intensificando una sensación de persecución que ya no distingue entre antecedentes penales y vida cotidiana.
Como parte de la ofensiva migratoria, la administración lanzó la Operación Safeguard en enero de 2025, una estrategia operativa liderada por ICE para detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados que viven en zonas urbanas, especialmente aquellas conocidas como “ciudades santuario” que limitan su cooperación con las autoridades federales.
Esta operación incluye redadas y arrestos en grandes áreas metropolitanas como Washington D.C., Filadelfia, Los Ángeles, Denver y Chicago.
Aunque el objetivo declarado es detener a migrantes con antecedentes de crímenes violentos, organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que la política deriva en detenciones masivas indiscriminadas y refugios legales infructuosos.
Otra medida significativa es la Ley Laken Riley, aprobada y promulgada en enero de 2025, esta legislación modifica la Ley de Inmigración y Nacionalidad para obligar a las autoridades a detener de inmediato a inmigrantes indocumentados acusados de delitos específicos graves, incluidos robos, ataques a la autoridad o crímenes violentos, hasta su deportación.
Nombrada en memoria de una estudiante asesinada en 2024, esta ley ha ampliado la base legal para la detención obligatoria y eliminado en muchos casos la discreción de los oficiales migratorios para evaluar casos individuales.
Organizaciones de derechos civiles han recurrido a los tribunales, pero la ley sigue vigente y es aplicada en múltiples estados.