Este martes se cumple el primer aniversario del segundo gobierno del presidente Donald Trump, el cual pasará a la historia por su guerra abierta contra lo que denomina “ideología woke”.
Al cumplirse el primer año de su retorno a la presidencia, queda claro que esta cruzada modificó el discurso político para impactar instituciones educativas, museos, agencias federales y políticas corporativas, reavivando un debate nacional sobre historia, diversidad y el papel del Estado en la construcción del relato cultural.
En marzo de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Restoring Truth and Sanity to American History” (Restaurar la verdad y la cordura en la historia de Estados Unidos) que tiene como objetivo “eliminar la ideología impropia, divisiva o antiamericana”.
Con esa medida el presidente puso en marcha grandes cambios en el mayor complejo museístico, educativo y de investigación del mundo (Smithsonian Institution) con una orden ejecutiva dirigida al financiamiento de programas que promuevan “narrativas divisivas” e “ideologías impropias”, pero que finalmente impactó a todo el gobierno y empresas.
Esto a pesar de que la discriminación en el lugar de trabajo a causa de la etnia, la religión, el sexo, el color de la piel o el origen está prohibida por ley en EE. UU. desde 1964.
Desde entonces, las empresas se comprometen a favor de la diversidad y en contra de la discriminación; sin embargo según el presidente estadounidense, el compromiso “woke” discrimina a otros: a hombres de mediana edad.
Cabe mencionar que para Trump, “woke” se refiere a una ideología progresista de izquierda que, según él, promueve la “cultura de la cancelación”, la corrección política extrema, el adoctrinamiento en universidades y el trato preferencial a minorías, todo lo cual considera una amenaza a la libertad de expresión, la cultura tradicional y los valores estadounidenses, transformando un término de conciencia social antirracista en un término peyorativo para la oposición.
En respuesta, finalizó por decreto los programas DEI en las dependencias estatales, y en otro decreto de ley calificó a los programas DEI en el sector privado de inconstitucionales y discriminatorios.
La orden, que firmó a puerta cerrada, colocó al vicepresidente J.D. Vance, que forma parte de la Junta de Regentes de la Institución Smithsonian, a cargo de supervisar los esfuerzos para “eliminar la ideología impropia” de todas las áreas de la institución, incluidos sus museos, centros de educación e investigación y hasta el Zoológico Nacional.