Las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades de Minnesota se intensificaron esta semana luego de que este martes se informó que fiscales federales entregaron seis citaciones judiciales a funcionarios estatales y locales como parte de una investigación relacionada con las redadas migratorias en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul.
De acuerdo con una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato con The Associated Press (AP), las citaciones buscan la entrega de registros oficiales y fueron enviadas a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her, así como a funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin.
Se investiga si hubo obstrucción
La investigación se centra en determinar si estos funcionarios obstruyeron o impidieron acciones federales durante las redadas migratorias, presuntamente a través de declaraciones públicas realizadas en semanas recientes.
Según fuentes citadas previamente por AP, el caso analiza una posible violación de leyes federales contra la conspiración, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales.
Intimidación política
Tanto el gobernador Walz como el alcalde Frey rechazan de manera contundente la investigación, calificándola como una táctica de intimidación política.
Frey sostuvo que el proceso busca castigarlo por “defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas del orden locales y a nuestros residentes”, en un contexto que describió como caótico y peligroso a raíz de la política migratoria de la actual administración federal.
Las citaciones llegan en un momento clave, ya que el Departamento de Justicia solicitó recientemente a una jueza federal que desestime la demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul, la cual busca frenar o limitar las redadas migratorias en esas comunidades.
El gobierno federal calificó la demanda como “legalmente frívola” y defendió que el Departamento de Seguridad Nacional actúa dentro de sus facultades constitucionales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
En documentos judiciales, la administración del presidente Donald Trump aseguró que las redadas han contribuido a que Minnesota sea un estado más seguro, al señalar la detención de más de tres mil personas que se encontraban en el país de manera irregular. “Minnesota quiere un veto sobre la aplicación de la ley federal”, argumentaron abogados del Departamento de Justicia.
En contraste, el fiscal general Keith Ellison acusó al gobierno federal de violar la libertad de expresión y otros derechos constitucionales, y describió las operaciones migratorias como una “invasión” llevada a cabo por agentes armados mal entrenados.
Expertos legales consultados por AP, como el profesor Ilan Wurman, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, consideran poco probable que los argumentos del estado prosperen, al subrayar que la ley federal tiene supremacía en materia migratoria.
Mientras tanto, el caso continúa su curso judicial y se prevé que haya nuevas gestiones legales antes de que la jueza federal Katherine Menendez emita una decisión, en un conflicto que mantiene en vilo a comunidades inmigrantes y autoridades locales por igual.