En este segundo mandato del presidente Donald Trump no solo se redefinen políticas públicas, sino también los límites del poder presidencial.
A un año de su regreso al Despacho Oval, las batallas legales impulsadas por su administración llegaron hasta la Corte Suprema, abriendo debates de fondo sobre ciudadanía, Constitución y el alcance real de las órdenes ejecutivas en un país profundamente polarizado.
En el ámbito legal, un caso clave fue Trump v. CASA, Inc., una decisión de la Corte Suprema en 2025 que aborda la constitucionalidad de medidas ejecutivas restrictivas sobre la ciudadanía por nacimiento.
Esta resolución marca un precedente importante sobre la limitación de recursos cautelares de alcance nacional, rol de los tribunales y poderes presidenciales en temas migratorios y de ciudadanía.
Como parte de la batalla legal la Corte Suprema determinó que decidirá si el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, ofreciendo a los jueces la oportunidad de revisar lo que durante mucho tiempo se ha considerado una ley asentada desde el siglo XIX.
Al aceptar la apelación, la corte aborda directamente el fondo de una controversia que en gran medida evitó previamente, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos relacionados con la forma en que los tribunales inferiores manejaron los cuestionamientos a la política.
Aunque las teorías legales presentadas por la apelación del Gobierno de Trump han sido durante mucho tiempo consideradas marginales incluso por muchos conservadores, el caso atraerá atención pública al período de sesiones de la Corte Suprema.
De acuerdo con el Pew Research Center, unos cuatro millones de estadounidenses tienen al menos un progenitor indocumentado. Y cada año nacen 255 mil bebés en la misma condición.
La pelea se centra en la interpretación de una frase de la 14ª Enmienda: “Todas las personas nacidas... en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos...”.
La mayoría de los jueces federales que han analizado el caso, concluyeron que la orden ejecutiva es inconstitucional, pero el pasado 5 de diciembre de 2025, la Corte Suprema acordó oficialmente revisar el caso principal, conocido como Trump vs. Barbara.