El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo estado de sitio en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días, como respuesta a la escalada de violencia vinculada a estructuras pandilleras, que incluye motines en cárceles y ataques armados contra la Policía Nacional Civil (PNC).
En un mensaje a la nación, el mandatario anunció la entrada en vigor inmediata de esta medida excepcional, con el argumento de proteger a la población y garantizar la seguridad interna, así como habilitar el uso de “toda la fuerza del Estado” frente a la ofensiva de grupos criminales.
“Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado”, afirmó Arévalo en su mensaje.

Motines en tres cárceles y ataques coordinados
La decisión se produce después de una serie de motines registrados en los penales Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18, donde internos protagonizaron disturbios y acciones violentas que pusieron en riesgo a custodios y a otros reclusos.
Tras esos episodios dentro de las cárceles, este 18 de enero se reportaron ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del país, en lo que el gobierno considera una respuesta de las estructuras pandilleras ante los esfuerzos por recuperar el control penitenciario.
La mañana de este domingo, las fuerzas de seguridad informaron que retomaron el control de la prisión Renovación 1, considerada uno de los focos principales de la crisis. Sin embargo, el resto de los centros mencionados continúa bajo el control de los reclusos, de acuerdo con los reportes oficiales.
“El Lobo”, señalado como coordinador de los motines
En el marco de las operaciones de seguridad, las autoridades informaron que fue neutralizado Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, identificado como cabecilla de la pandilla Barrio 18 y señalado por el gobierno como presunto coordinador de los motines en los distintos penales.
El Ejecutivo no detalló públicamente las circunstancias en las que fue neutralizado el líder pandillero, pero lo colocó en el centro de la estrategia criminal que derivó en los disturbios carcelarios y los ataques armados contra la PNC.

Arévalo: ataques buscan atemorizar al Estado y a la población
En su mensaje, Arévalo sostuvo que los ataques contra la Policía Nacional Civil forman parte de una estrategia de las estructuras criminales para generar terror, tanto entre las fuerzas de seguridad como en la ciudadanía.
El presidente enmarcó la decisión de decretar el estado de sitio como una respuesta directa a esa ofensiva:
“Estos ataques no son hechos aislados, sino parte de una estrategia para atemorizar a nuestras fuerzas de seguridad y a la población. No lo vamos a permitir”, señaló.
Con la medida, el gobierno busca movilizar todos los recursos del Estado para recuperar el control de las cárceles, desarticular las redes criminales que operan desde los penales y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en las zonas más afectadas.
Clases suspendidas sólo el 19 de enero
Como parte de las medidas asociadas al estado de sitio, el presidente explicó que el Ministerio de Educación determinó la suspensión de clases únicamente para el 19 de enero, con el fin de reducir la movilidad y facilitar las labores de seguridad en el primer día de implementación de la medida.
Arévalo subrayó que, por ahora, la suspensión es temporal y limitada a un solo día, mientras se evalúa el desarrollo de la situación y el impacto de las acciones de seguridad desplegadas en todo el país.
Máxima tensón en Guatemala
Con el estado de sitio en marcha, Guatemala entra en una fase de máxima tensión en materia de seguridad, en la que el gobierno busca contener el poder de las pandillas dentro y fuera de las cárceles, al tiempo que asegura que la medida tiene como objetivo central la protección de la población.
Las próximas horas y días serán clave para medir el alcance real del dispositivo, la capacidad del Estado para recuperar el control penitenciario y el impacto de la estrategia en la vida cotidiana de los guatemaltecos.
