El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas escaló la magnitud de sus operativos tácticos en diversas ciudades de Estados Unidos, centrando sus esfuerzos en espacios públicos de alta concurrencia como centros comerciales y supermercados.
Reportes recientes en plataformas digitales muestran una presencia masiva de agentes federales en zonas de consumo diario, lo que genera un clima de incertidumbre entre la comunidad migrante y el sector comercial hispano.
Impacto en los centros de trabajo y consumo
Las incursiones de los agentes federales no se limitan a domicilios particulares. Los operativos ahora irrumpen en establecimientos donde los trabajadores desempeñan sus labores y las familias realizan sus compras básicas.
En ciudades como Minneapolis, los reportes oficiales indican el arresto de aproximadamente dos mil personas desde el inicio de estas jornadas. Por su parte, en localidades de Pensilvania como Norristown y West Norriton, la presencia de vehículos oficiales y personal armado en complejos comerciales provocó el cierre preventivo de varios locales.
Este cambio en la estrategia de detención golpea directamente la economía de los negocios latinos. Los propietarios enfrentan la pérdida inmediata de empleados cualificados y un descenso drástico en la afluencia de clientes, quienes evitan los lugares públicos ante el riesgo de enfrentar una inspección migratoria.
La agresividad de estas redadas obliga a los afectados y a sus empleadores a incurrir en elevados costos legales para enfrentar procesos de deportación o defender la legitimidad de sus plantillas laborales.
Organizaciones de derechos humanos advierten que las detenciones en supermercados y centros de abastecimiento vulneran la seguridad alimentaria de las familias, quienes ahora temen salir de sus hogares para adquirir productos básicos.
La administración actual justifica estas acciones bajo la premisa de aplicar la ley de manera estricta y priorizar la seguridad nacional. Sin embargo, la táctica de intervenir en centros de consumo representa una ruptura con la política de “lugares sensibles” que, en años anteriores, limitaba la actividad de ICE en espacios comunitarios esenciales.
La difusión de videos en tiempo real a través de redes sociales sirve como mecanismo de alerta temprana para los residentes de áreas afectadas.
No obstante, el despliegue de agentes en entradas y salidas de centros comerciales dificulta la movilidad de quienes se encuentran en el interior. Se recomienda a la población mantener la calma, portar identificaciones vigentes y conocer sus derechos básicos, como el de permanecer en silencio, en caso de un encuentro con autoridades federales en la vía pública o establecimientos comerciales.