El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que retirará fondos federales a ciudades santuario; sin embargo, expertos legales y antecedentes judiciales indican que no es un proceso sencillo y que enfrenta importantes obstáculos constitucionales.
Esto porque si hay algo que caracteriza al presidente de Estados Unidos es que es persistente, y en ese sentido, este martes aseguró que a partir del 1 de febrero su gobierno negará fondos federales a cualquier estado que albergue ciudades o jurisdicciones santuario, según información difundida por la agencia AP.
La advertencia fue realizada al final de un discurso pronunciado en el Club Económico de Detroit, sin que el mandatario ofreciera detalles sobre qué programas o partidas presupuestarias serían afectados, las reglas para aplicar esta medida o si cuenta con autorización del Congreso para limitar los recursos de este modo.
“No haremos ningún pago a ciudades santuario o estados que tengan ciudades santuario”, afirmó Trump, al acusar a estos gobiernos de proteger a criminales “a expensas de los ciudadanos estadounidenses”.
De regreso en Washington, el presidente fue cuestionado por reporteros sobre el alcance del recorte de recursos. Su respuesta fue escueta: “Ya lo verán. Será significativo”, expresó sin dar más detalles.
¿Qué tan serio es su amago?
Pese a que el presidente Trump acostumbra a tomar decisiones unilaterales, la realidad es que cualquier intento de recortar recursos de manera generalizada probablemente sería impugnado en tribunales, como ocurrió en 2017 y en el intento más reciente del año pasado.
Esto porque la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, no al presidente, la autoridad para asignar y condicionar el gasto público.
Además, los detalles técnicos complican la aplicación de la medida.
El Departamento de Justicia publicó el año pasado una lista de aproximadamente tres docenas de jurisdicciones santuario, integrada en su mayoría por estados, ciudades y condados gobernados por demócratas, como California, Nueva York y Connecticut.
Sin embargo, esa lista fue cuestionada por autoridades locales que alegan falta de criterios claros.
En semanas recientes, el gobierno federal intentó ejercer presión financiera específica contra algunos estados.
Por ejemplo, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunciaron congelamientos o amenazas de retención de fondos en estados como Minnesota, aunque varias de esas medidas ya han sido suspendidas por tribunales o están bajo apelación.
Estos antecedentes sugieren que, si Trump avanza con su amenaza contra las ciudades santuario, el resultado más probable será una nueva batalla legal, más que una retirada inmediata y definitiva de recursos.