Los videos o imágenes de agentes federales que ingresan a una vivienda privada para efectuar un arresto sin una orden judicial firmada por un juez, elevan las tensiones en Estados Unidos.
La situación detona las dudas entre comunidades migrantes sobre qué derechos tienen las personas cuando agentes de inmigración intentan detenerlas sin una orden judicial válida y qué acciones pueden tomar para protegerse legalmente.
Orden judicial vs. orden administrativa
De acuerdo con información obtenida por AP, los agentes realizaron la detención únicamente con una orden administrativa, un documento emitido por autoridades migratorias que no autoriza el ingreso forzado a un domicilio privado.
Para entrar legalmente a una vivienda sin consentimiento, las autoridades necesitan una orden judicial emitida por un juez.
Al ser cuestionada sobre el tema, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, no ofreció una justificación legal específica para el ingreso forzado.
Solo indicó que el arresto formaba parte de los esfuerzos del gobierno para detener a “los peores de los peores”, aludiendo a un historial delictivo del detenido, un ciudadano liberiano con una orden de deportación previa de 2023, pero no precisó si hubo condenas ni si el arresto estaba vinculado a un delito reciente.
¿Es legal entrar a una casa sin permiso?
Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes consultadas por AP advierten que ingresar a una vivienda sin consentimiento ni orden judicial puede tener consecuencias legales graves para los agentes.
Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del National Immigration Law Center (NILC), explicó que este tipo de acciones no constituyen solo un arresto ilegal, sino que podrían derivar en responsabilidad civil e incluso penal bajo leyes estatales, aunque reconoció que el contexto político actual limita las posibilidades reales de rendición de cuentas, ya que las investigaciones dependen del propio gobierno federal.
Altman también advirtió que, a diferencia del sistema penal, los tribunales de inmigración permiten en muchos casos el uso de evidencia obtenida ilegalmente, debido a las limitaciones de la llamada regla de exclusión en procesos migratorios.
Esto significa que, aunque un arresto haya sido violento o ilegal, la persona detenida puede enfrentar deportaciones aceleradas con pocos recursos legales para impugnar el procedimiento, según el NILC.
“Conozca sus derechos”
Ante este panorama, abogados, activistas y gobiernos locales difunden campañas nacionales de “Conozca sus derechos”, especialmente frente a prácticas del ICE como el llamado “tocar la puerta y hablar”.
Esta estrategia, declarada ilegal por un juez federal en una demanda de 2020, consiste en que agentes se presenten sin identificarse claramente y pidan a los residentes salir de la vivienda bajo pretextos falsos, como “hacer unas preguntas”.
Recomendaciones clave
- No abrir la puerta sin ver primero una orden judicial firmada por un juez.
- Pedir que la orden sea mostrada por debajo de la puerta o a través de una ventana.
- Recordar que una orden administrativa no autoriza el ingreso al domicilio.
- No dar consentimiento verbal para que los agentes entren.
- Ejercer el derecho a guardar silencio y pedir hablar con un abogado.
Según organizaciones defensoras de derechos civiles, estas protecciones constitucionales aplican independientemente del estatus migratorio.