Un juez federal en San Francisco detuvo el despliegue de la Guardia Nacional en California ordenado por el presidente Donald Trump, al determinar que esa acción contraviene la Ley Posse Comitatus de 1878, la cual impide utilizar a las fuerzas armadas para tareas de seguridad interna sin autorización expresa del Congreso.
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A comienzos de junio el gobierno de Trump desplegó 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 marines. La mayoría de ellos fue desmovilizado a fines de julio y actualmente solo están activos unos 300 militares de la Guardia Nacional.
El magistrado Charles Breyer emitió el fallo, indicando que no existía una rebelión ni una situación que justificara el uso de tropas para funciones policiales en suelo estadounidense, según el USA Today. El juez argumentó que, a pesar de los disturbios ocurridos en Los Ángeles en junio, las fuerzas de seguridad locales eran suficientes para mantener el orden, por lo que el despliegue militar resultó injustificado desde el punto de vista legal.
Un uso militar sin respaldo legal
Según el fallo judicial, el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, planearon expandir la presencia militar a otras ciudades como Oakland y San Francisco, alegando motivos de control de protestas y aplicación de la ley migratoria.
Sin embargo, el juez Breyer explicó que “las pruebas del juicio demostraron que los acusados utilizaron de forma sistemática soldados armados (cuyo uniforme a menudo ocultaba su identidad) y vehículos militares para establecer perímetros de seguridad y bloqueos de tráfico, realizar control de multitudes y, en general, mostrar una presencia militar en Los Ángeles”.
El dictamen resalta que no existía una amenaza que ameritara esta intervención, y que la utilización de la Guardia Nacional en estas condiciones violó directamente la legislación federal vigente. Además, cuestiona la forma en que las tropas fueron empleadas, incluyendo su participación en tareas de control directo sobre civiles.
El caso y sus repercusiones
La decisión judicial llega tras un juicio de tres días que finalizó el 13 de agosto, donde se analizó el rol del ejército en apoyo a operaciones de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias de seguridad. La fiscalía estatal argumentó que las fuerzas armadas participaron en labores propias de la policía, incluyendo detenciones y establecimiento de perímetros.
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Durante el proceso, la defensa del gobierno federal sostuvo que los militares actuaron únicamente para proteger a los agentes federales en operativos de seguridad, especialmente en redadas contra plantaciones de marihuana en los alrededores de Los Ángeles. Afirmaron que su función fue limitada y se mantuvo dentro del marco legal.
El caso ha sido observado con atención en otras ciudades. Trump también ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y ha amenazado con enviar tropas a Chicago. Aunque su autoridad en la capital es distinta debido a su estatus federal, autoridades locales como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificaron estas amenazas como “tiranía”.
En junio, un tribunal de apelaciones ya había permitido temporalmente que Trump mantuviera el control de la Guardia Nacional de California, tras una primera resolución de Breyer que señalaba la ilegalidad del despliegue. El gobernador Gavin Newsom, quien presentó la demanda, insistió en que no existía ninguna emergencia que justificara la medida. En palabras suyas: “El fallo es claro: Trump está quebrantando la ley al intentar crear una fuerza policial nacional con él mismo como jefe”.