El Ejército de Israel defendió este martes el ataque contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, sur de Gaza, alegando que el complejo albergaba una cámara utilizada por Hamás para vigilar movimientos de sus tropas. Según el comandante del Mando Sur, Yaniv Asor, las tropas de la Brigada Golani actuaron para eliminar la “amenaza”, y al menos seis de las víctimas eran militantes, incluyendo uno vinculado a los ataques del 7 de octubre de 2023.
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sostienen que los ataques se realizaron conforme a la información de inteligencia que señalaba el uso militar del hospital y subrayan que no atacan a periodistas de manera deliberada.
El Ministerio de Sanidad de Gaza, vinculado a Hamás, informó que un primer ataque impactó en el cuarto piso del hospital y que un segundo impacto coincidió con la llegada de ambulancias. El saldo del bombardeo fue de 20 muertos, entre ellos cinco periodistas y varios trabajadores sanitarios.
Naciones Unidas insistió en que la investigación israelí debe generar resultados concretos. El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Thameen al Kheetan, destacó que los ataques contra civiles y periodistas deben ser investigados de manera exhaustiva e independiente, y subrayó que al menos 247 periodistas palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023. “Hasta ahora no hemos visto medidas de rendición de cuentas. Esto es inaceptable”, afirmó.
La Comisión Europea también calificó el ataque de “inaceptable”. La portavoz Paula Pinho y el portavoz de Exteriores Anouar El Anouni reclamaron la protección de civiles y periodistas conforme al derecho internacional y pidieron que Israel respete el derecho humanitario y garantice investigaciones transparentes. La comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, destacó la urgencia de detener la violencia contra quienes informan sobre la situación y de proteger a médicos y rescatistas.
Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí ha dejado más de 62,800 palestinos muertos y 157,600 heridos, mientras la hambruna en Gaza se agrava por las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria. La comunidad internacional exige un alto el fuego inmediato y medidas para garantizar la seguridad de los periodistas y la población civil.