El plan de los republicanos de Texas, avalado por Donald Trump, de cambiar los mapas electorales del estado con el fin de tener un mayor número de representantes para el partido en las próximas elecciones legislativas, tuvo este jueves su respuesta formal desde California que busca una iniciativa similar que beneficie a los demócratas.
PUBLICIDAD
Eso sí, los caminos son distintos. En el caso de Texas lo pueden hacer directamente a través de su legislatura estatal y eso generó el bloqueo de los demócratas que decidieron salir del estado para evitar el quorum mínimo.
En California es distinto, y por eso el gobernador Gavin Newsom primero necesita que el congreso estatal apruebe un proyecto que luego debe ser sometido a una votación popular en noviembre.
¿Cuál fue el proyecto presentado por California?
Este jueves Newsom presentó la iniciativa y la bautizó oficialmente como “Ley de Respuesta al Amaño Electoral” (Election Rigging Response Act), en lo que representa un giro significativo en el enfoque tradicional de California hacia la redistribución de distritos.
Si el proyecto es aprobado, dejaría de lado temporalmente a la comisión independiente responsable del proceso, permitiendo que la Legislatura estatal proponga nuevas líneas más favorables para su partido. Los demócratas necesitan dos tercios para aprobar la ley y tienen los senadores y representantes estatales suficientes para lograr esos votos.
En Texas los republicanos buscan implementar un rediseño del mapa electoral que podría traducirse en hasta cinco nuevos escaños en la Cámara de Representantes. El impulso para esta maniobra surgió luego de que Trump instara al gobernador texano Greg Abbott a encontrar formas de asegurar dichos escaños, lo que provocó la reacción inmediata de Newsom.
“No es complicado. Lo estamos haciendo como reacción a un presidente de Estados Unidos que llamó a un gobernador en funciones del estado de Texas y le dijo: ‘Encuéntrame cinco escaños’”, dijo Newsom durante un evento en Los Ángeles, acompañado por legisladores demócratas.
PUBLICIDAD
Contrapeso político en medio de una lucha nacional
Esta propuesta de Newsom forma parte de un enfrentamiento más amplio entre estados liderados por demócratas y aquellos controlados por republicanos, especialmente en lo relativo al trazado de distritos electorales fuera del calendario habitual de cada diez años y que responde al censo.
El gobernador de California advirtió que si otros estados continúan manipulando sus mapas no se quedará de brazos cruzados. “No vamos a esperar”, afirmó. Durante la misma conferencia de prensa de este jueves, prometió que los primeros borradores de los nuevos distritos se conocerán en los próximos días.
Obstáculos legales y políticos por delante
A pesar del impulso del gobernador Newsom, la propuesta enfrenta varios retos. Para tener efecto, debe ser aprobada tanto por la Legislatura como por los votantes en un referéndum. Además, al tratarse de un año sin elecciones federales de gran escala, se anticipa una participación electoral relativamente baja, lo que complica el panorama para una reforma de alto perfil.
Grupos diversos ya han comenzado a movilizarse en contra de la medida. Entre ellos se encuentra el exgobernador Arnold Schwarzenegger, reconocido defensor de la redistribución no partidista, así como figuras republicanas prominentes y organizaciones cívicas como la Liga de Mujeres Votantes. También se ha sumado a la oposición Charles Munger Jr., heredero del fallecido vicepresidente de Berkshire Hathaway y crítico constante de los intentos de manipulación partidaria en el proceso de rediseño electoral.
Newsom sostiene que la acción de California es una respuesta legítima ante una amenaza real al equilibrio democrático. Hoy en día, los demócratas ocupan 43 de los 52 escaños federales del estado, mientras que en Texas, de los 38 escaños para representantes en el Congreso de Estados Unidos, 25 son republicanos.
En otros estados demócratas, las opciones para una redistribución reactiva como la de California son mucho más limitadas. En Nueva York, por ejemplo, cualquier reforma requeriría una enmienda constitucional, un proceso largo que impediría cambios hasta, al menos, 2028.