En un fallo que resuena con fuerza a nivel nacional e internacional, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta sentencia, fruto de un complejo litigio judicial que se extendió por más de una década, marca un hito sin precedentes en la justicia colombiana, generando un terremoto político y jurídico.
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Un aspecto fundamental en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido la validez de las interceptaciones telefónicas. La jueza 44 de conocimiento de Bogotá avaló la legalidad de las grabaciones a la línea telefónica del expresidente, ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018.
La funcionaria judicial desestimó los argumentos presentados por el abogado Jaime Granados, principal defensor del expresidente, quien había solicitado la nulidad de dichas interceptaciones telefónicas, realizadas entre el 9 de marzo y el 9 de abril de 2018. La jueza indicó que “las pruebas permiten esclarecer de manera confiable” la demora en la cancelación de la orden de interceptación emitida por la Corte Suprema de Justicia. Al citar varios informes de peritos y los registros emitidos por el alto tribunal sobre este asunto, la jueza concluyó que “no se encuentra fundada la suspicacia invocada por la defensa”, validando así un elemento probatorio central en la acusación.
ABC del caso
El complejo pleito judicial que ha enfrentado al expresidente Álvaro Uribe, líder del partido de oposición Centro Democrático, y al senador Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico, se remonta a 13 años atrás. La controversia se inició en el Congreso, durante un debate sobre el origen y las consecuencias de los grupos paramilitares de extrema derecha en Colombia. En aquel entonces, el senador Cepeda insinuó presuntas relaciones del entonces senador Uribe con esas estructuras criminales.
Tras el acalorado debate legislativo, Uribe decidió denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Su argumento era que Cepeda, supuestamente, buscaba de manera irregular testimonios de exparamilitares presos, tanto en cárceles del país como del exterior, con el fin de vincularlo a esos grupos armados ilegales. Sin embargo, en un giro inesperado, la Corte Suprema de Justicia, en 2018, no encontró elementos probatorios suficientes para seguir adelante con la causa penal contra el senador Cepeda y cerró el caso.
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Pero la misma decisión judicial trajo consigo un cambio radical en la situación: la Corte ordenó iniciar una investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos en contra de su contradictor político. Fue en ese momento cuando el exmandatario pasó de ser el acusador a convertirse en el acusado, y la denuncia que inició por manipulación de testigos, injuria y calumnia se volvió en su contra.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe. Ante esta histórica decisión, el expresidente renunció a su curul como senador de la República, lo que implicó la pérdida de su fuero y el traslado de su caso a la justicia ordinaria. Uribe alegó en su momento que no contaba con las garantías suficientes en el máximo tribunal de justicia. No obstante, en 2022, una jueza determinó, con Uribe ya en libertad, que el proceso en su contra debía seguir su curso en la nueva jurisdicción.
Las voces en el juicio: Inocencia versus condena
Durante la administración del exfiscal general Francisco Barbosa, la Fiscalía General de la Nación solicitó en varias ocasiones cerrar el expediente contra Álvaro Uribe. Sin embargo, esa petición, junto con otra en el mismo sentido de la Procuraduría General en 2022, fue negada. El exmandatario ha insistido reiteradamente en su inocencia a lo largo de las audiencias públicas y durante la etapa de juicio, que finalizó el pasado 8 de julio tras 67 días. Uribe ha sostenido que todo se trata de una “venganza con fines políticos”.
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“Yo, que tengo una inmensa responsabilidad política, enfrento un juicio. Lo he hecho con respeto a la justicia, a la señora juez. Mis discrepancias con la señora fiscal las he presentado con franqueza y con respeto. Pero no podemos olvidar que este juicio ha sido inducido por el actual Gobierno, por su más representativo senador”, sostuvo Uribe en un video publicado en su cuenta oficial en X el pasado 12 de julio.
Por su parte, el senador Iván Cepeda ha mantenido una postura firme. “Actuamos con la verdad, actuamos con la conciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos y por la acusación que se ha hecho”, manifestó a medios locales el 8 de julio al término del juicio, expresando su confianza en la condena.
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La fiscal del caso, Marlene Orjuela, solicitó a la juez 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, la condena de Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno de testigo. Cargos que la defensa del expresidente ha rechazado y controvertido intensamente durante la etapa de juicio con la presentación de testigos y pruebas. La decisión final recae ahora en la juez, quien determinará si el caso es precluido o si se condena al exmandatario.
Próximos pasos: Una decisión en primera instancia y la apelación
Es importante aclarar que la sentencia emitida por la juez 44 penal de Bogotá es una decisión en primera instancia. Ambas partes involucradas en el proceso, tanto la Fiscalía y la parte civil (representada por Iván Cepeda), si el fallo es absolutorio, como la defensa del expresidente Uribe, si el fallo es condenatorio, han anunciado que ejercerán su derecho a apelar la determinación.
Se espera que la decisión en segunda instancia por parte de un tribunal superior se conozca en el mes de octubre. Esto significa que el proceso judicial aún no ha concluido y que el futuro definitivo de Álvaro Uribe en este caso se definirá en una etapa posterior.