La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración de Donald Trump a deportar a ocho hombres, que se encuentran detenidos desde hace semanas en una base militar estadounidense en Djibouti, hacia Sudán del Sur, una nación afectada por un conflicto armado interno y con la que casi ninguno de los deportados tiene relación.
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Siete de los ocho individuos provienen de Vietnam, Corea del Sur, México, Laos, Cuba y Myanmar (Birmania). Solo uno de los detenidos es originario de Sudán del Sur.
¿Por qué la Corte Suprema aprobó la deportación a Sudán del Sur?
La decisión del tribunal se produjo tras un fallo anterior, emitido el mes pasado, en el que la mayoría conservadora determinó que los funcionarios migratorios tienen autorización para expulsar rápidamente a personas a terceros países, incluso si estas no tienen vínculos con el lugar al que serán enviadas.
Este nuevo dictamen deja sin efecto una resolución anterior de un juez federal de distrito, que había ordenado que los inmigrantes no podían ser deportados a un país tercero sin haber tenido antes la posibilidad de demostrar que enfrentaban riesgo de tortura, persecución o muerte.
La abogada Trina Realmuto, quien representa a los ocho hombres y se desempeña como directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, expresó su preocupación por la situación, señalando que los detenidos podrían enfrentar “condiciones peligrosas, y potencialmente detención inmediata, al llegar”, según destaca The Guardian.
Dos magistradas liberales de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, discreparon de la decisión, criticando lo que describieron como un trato preferencial hacia el Ejecutivo.
En su opinión disidente, Sotomayor escribió: “Lo que el gobierno quiere hacer, concretamente, es enviar a los ocho no ciudadanos que retiró ilegalmente de Estados Unidos desde Djibouti a Sudán del Sur, donde serán entregados a las autoridades locales sin tener en cuenta la probabilidad de que enfrenten tortura o muerte”. Añadió que “la orden de hoy aclara solo una cosa: otros litigantes deben seguir las reglas, pero la administración tiene a la Corte Suprema en marcación rápida”.
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La administración Trump ha buscado firmar acuerdos con varios países para que acepten deportados que no pueden ser devueltos inmediatamente a sus países de origen, debido a obstáculos diplomáticos o de seguridad.
Los ocho hombres tienen antecedentes de delitos graves en Estados Unidos, lo cual ha sido utilizado por la Administración Trump como argumento para justificar su remoción. Aunque muchos ya cumplieron sus condenas o estaban cerca de completarlas, todos tenían órdenes de expulsión vigentes.
Uno de los casos mencionados es el de Tuan Thanh Phan, quien llegó a Estados Unidos desde Vietnam cuando era niño y fue condenado a prisión tras matar a una persona en una pelea entre pandillas a los 18 años. Phan había manifestado su intención de regresar a Vietnam al concluir su condena.
Cambios de destino y denuncias por condiciones médicas
Inicialmente, los detenidos fueron informados de que serían deportados a Sudáfrica, y se les solicitó firmar documentos para formalizar su salida. Al negarse, el caso fue llevado ante el juez federal Brian E. Murphy, del distrito de Massachusetts. El magistrado falló que cualquier inmigrante enviado a un tercer país debía recibir previamente un aviso por escrito y la oportunidad de expresar un temor razonable de ser sometido a tortura.
No obstante, las autoridades estadounidenses comunicaron luego que el destino final sería Sudán del Sur. Durante ese periodo, el gobierno no proporcionó información al juez Murphy sobre el paradero exacto de los hombres ni detalles de su traslado. Posteriormente, se confirmó que el grupo había sido transportado a Camp Lemonnier, una base militar estadounidense en Djibouti.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) custodiaron a los detenidos en turnos de 12 horas. En una declaración jurada presentada ante la corte, un funcionario del ICE describió problemas de salud entre los internos y los agentes, falta de atención médica adecuada, exposición al riesgo de malaria y preocupación por posibles ataques de militantes procedentes de Yemen.
En mayo, la administración Trump solicitó la intervención directa de la Corte Suprema para autorizar de inmediato la deportación de los ocho hombres a Sudán del Sur.
