La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, concedió este viernes a la Administración Trump una de las victorias legales más importantes de su segundo mandato al limitar las competencias de los tribunales federales a la hora de paralizar las cuestionadas órdenes ejecutivas del presidente norteamericano.
PUBLICIDAD
Trump lleva meses quejándose de las llamadas “medidas cautelares a nivel nacional” que varios tribunales federales han emitido contra sus órdenes en cuestiones principalmente como la migración, al suspender las deportaciones de migrantes irregulares y sus expulsiones, en algunos casos a una cárcel de alta seguridad en El Salvador.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso identificó 25 casos solo entre el 20 de enero y el 29 de abril en los que un juez federal emitió una orden judicial de alcance nacional. Estos incluyen casos sobre temas que abarcan desde la financiación federal hasta consideraciones de diversidad, equidad e inclusión.
Una decisión dividida de la Corte Suprema
En su dictamen, publicado en su página web, la mayoría conservadora de jueces de la Suprema, con la magistrada Amy Conney Barret a la cabeza, quien fue nominada por Trump, determina que “si un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal exceda su poder también”.
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo”, ha hecho saber la jueza en representación de la mayoría conservadora del tribunal. “Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, añade en un dictamen.
El falló contó con la opinión discordante de la bancada liberal del tribunal, encabezada por la jueza Sonia Sotomayor. “De un plumazo, el presidente ha convertido nuestra Constitución en una burla solemne”, escribió la jueza, que acusó a los jueces conservadores de “ceder, en lugar de mantenerse firme” contra los designios del presidente.
Trump celebró en su cuenta de X la “gran victoria” que ha conseguido en la Corte Suprema y que, en sus palabras, también beneficia a su Administración, que está intentando eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento.
En otra de las primeras reacciones, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el dictamen como el final del “el aluvión interminable de órdenes judiciales a nivel nacional contra el presidente Trump”.
