La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó este una victoria clave al gobierno del presidente Donald Trump al permitir, por ahora, que avance su iniciativa para restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento. El fallo, con una votación de 6-3, autoriza al Ejecutivo a continuar desarrollando su política mientras se resuelven otras disputas legales en curso.
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La decisión está en el marco del veredicto que limita el efecto nacional de las medidas cautelares impuestas por tribunales inferiores, restringiéndolas a los estados o personas que hayan presentado demandas específicas.
Esto podría permitir la implementación parcial de la orden ejecutiva, aunque su alcance y ejecución final aún están sujetos a revisiones judiciales adicionales.
El debate constitucional sobre la Enmienda 14
Durante más de un siglo ha sido ampliamente aceptado que la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, con excepciones limitadas como los hijos de diplomáticos.
La nueva interpretación que promueve el presidente Trump propone restringir ese derecho únicamente a quienes tengan al menos un progenitor ciudadano o residente legal.
Aunque el fallo de la Corte no se pronunció sobre el fondo, es decir, la validez legal de esta interpretación, al limitar las medidas cautelares nacionales, permite que la administración ultraderechista de Trump avance con su agenda. Por lo mismo, la Casa Blanca celebró la decisión como “una afirmación del equilibrio de poderes”, pese a entre sus críticos, la visión es que el actual gobierno avanza en su autoritarismo.
En declaraciones a la prensa, Trump describió el fallo como “una decisión increíble” y “una victoria monumental para la Constitución”.
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Los jueces conservadores formaron la mayoría en el dictamen. La magistrada Amy Coney Barrett, nominada por Trump, argumentó que los tribunales inferiores deben evitar exceder su autoridad al imponer restricciones demasiado amplias. Según explicó, las medidas cautelares deben limitarse “solo en la medida en que sean más amplias de lo necesario”, dejando abierta la posibilidad de que ciertos estados logren medidas más extensas si así lo justifican sus demandas.
La política sobre ciudadanía por nacimiento, firmada por Trump en el primer día del comienzo de su segundo mandato, ha sido bloqueada por tribunales en varios estados, incluidos Maryland, Massachusetts y Washington.
Actualmente, la orden ejecutiva también está bloqueada en el estado de New Hampshire por una demanda separada, y la Corte indicó que técnicamente entrará en vigor en 30 días. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, se mostró escéptico ante la posibilidad de que la política llegue a implementarse por completo y reiteró el compromiso de su estado en seguir oponiéndose legalmente.
La opinión de los jueces de la minoría
El fallo de la Corte Suprema evidenció la división de los jueces, ya que los tres liberales votaron en contra.
La juez Sonia Sotomayor de manera inédita leyó desde el estrado su voto disidente, calificando el fallo como “una tragedia para el estado de derecho”.
“Con el trazo de una pluma, el presidente ha convertido nuestra Constitución en una burla solemne. En lugar de mantenerse firme, la Corte se rinde. Porque esa complicidad no debería tener lugar en nuestro sistema legal, disiento”, concluyó Sotomayor.
La también jueza liberal Ketanji Brown Jackson sostuvo en su opinión separada que el dictamen representa “una amenaza existencial para el estado de derecho”.
