Donald Trump solicitó este martes a la Corte Suprema que facilite a su administración la deportación de personas a Sudán del Sur, en África, y otros países, en el marco de su controvertida política migratoria.
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La solicitud de Trump llega después de que el juez federal estadounidense Brian Murphy, de Boston, exhortara a las autoridades a mantener la “custodia” de un grupo de migrantes que pretendían enviar a terceros países. De hecho, llegó ha dictaminar que se había violado una orden judicial al embarcar a varias personas en un vuelo con el fin de deportarlos.
La solicitud de custodia es para siete personas que se encuentran en una base militar de Estados Unidos en Djubouti, en el este de África, y que el gobierno de Trump pretende enviar a Sudán del Sur.
Murphy explicó que estas personas no tuvieron la oportunidad de oponerse a su traslado a Sudán del Sur y recordó que los funcionarios deben notificar de su intención “con al menos 72 horas de anticipación a la hora programada” para que puedan alegar su temor a ser enviados a un tercer país.
Sudán del Sur es un país que logró la independencia de Sudán en 2011 luego de una larga guerra civil y actualmente vive un conflicto entre facciones internas.
¿Por qué Trump quiere enviar inmigrantes a Sudán del Sur?
“Estados Unidos se enfrenta a una crisis de inmigración ilegal, en gran parte porque muchos de los extranjeros que más merecen ser deportados son a menudo los más difíciles de deportar”, declaró el Departamento de Justicia al alto tribunal, según recoge la cadena de televisión CNN.
El Ejecutivo ha indicado que “se ha visto ante la intolerable disyuntiva de retener a estos extranjeros para procedimientos adicionales en una instalación militar” fuera de su territorio o “devolver a estos delincuentes convictos a Estados Unidos” después de que un tribunal inferior paralizara el proceso.
En las últimas semanas, la Casa Blanca ha reconocido contractos con varios países para tratar de llegar a acuerdos sobre deportaciones, en línea con los que ya existen con El Salvador y que facilitaron la expulsión de migrantes -de legalidad cuestionada por políticos, miembros del poder judicial y organizaciones- de otros países latinoamericanos como Venezuela.
