Siguen las enormes y marcadas diferencias entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. Esta vez, la administración de Nicolás Maduro solicitó la captura de varios funcionarios argentinos, incluyendo jueces, fiscales y ministros, en un nuevo capítulo del enfrentamiento diplomático a raíz del decomiso de un avión venezolano-iraní en Buenos Aires.
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Este lunes 30 de septiembre, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció que emitirá órdenes de aprehensión contra figuras clave del sistema judicial y político de Argentina.
Entre los implicados están el juez federal argentino Federico Villena, quien autorizó el decomiso del avión en el aeropuerto de Ezeiza, y la fiscal Cecilia Incardona, quien respaldó dicha orden. Además, se ha mencionado a figuras políticas como Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy.
Raíces del conflicto
Ya son un poco más de dos años, cuando en el pasado junio de 2022 la aeronave perteneciente a la empresa Emtrasur y vendida a Venezuela por la aerolínea iraní Mahan Air, fue retenida en Buenos Aires. Según Saab, las acusaciones contra los funcionarios argentinos incluyen delitos como robo agravado, privación ilegítima de libertad y legitimación de capitales.
Dicho avión que transportaba piezas automotrices, fue decomisada tras una investigación que involucró a la justicia de Estados Unidos. Ante esto, el fiscal venezolano calificó a los funcionarios argentinos de “ladrones vulgares” que, bajo la apariencia de autoridad, cometieron crímenes graves.
El gobierno argentino ha repudiado enérgicamente las órdenes de captura emitidas por Venezuela, por ello, desde la Cancillería argentina se comunicó que el caso del avión fue tratado por el Poder Judicial, un órgano independiente del gobierno. Mediante un comunicado, aseguraron que no intervendrán en decisiones judiciales, dejando claro que las acciones del Ejecutivo no tienen injerencia en los procesos legales.