Los cinco directores de algunas de las empresas más influyentes de medios sociales del planeta –Meta, X, TikTok, Discord y Snap– comparecerán ante el Senado de Estados Unidos.
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En la audiencia también estarán presentes algunos padres como Jaime Puerta, quien junto con otros sesenta más están demandando específicamente a Snap Inc., la empresa que creó la red social de mensajería instantánea Snapchat, por las muertes de sus hijos como consecuencia del consumo de fentanilo.
Padre de una de las victimas
Puerta, de 61 años, nació en Medellín, Colombia, pero ha vivido toda su vida en Estados Unidos y es un veterano del Cuerpo de Marines que ha desarrollado su propio negocio de servicios de traducción en los hospitales de California.
Algo que le arranca suspiros y lágrimas es hablar de su hijo Daniel Puerta-Johnson, quien falleció a los 16 años al ingerir una píldora que pensaba que contenía oxicodona, un analgésico opioide, pero en realidad estaba mezclada con fentanilo, un opioide sintético que puede llegar a ser 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, según advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en español).
“Mi niño murió en paz, con su madre acariciándole su precioso pelo rubio mientras yo le agarraba la mano”, explica Puerta, entre lágrimas.
¿Dónde adquirió el fentanilo?
“Según la investigación, nos dimos cuenta de que mi hijo había adquirido esa pastilla a través de la red social Snapchat. Él se comunicó con el narcotraficante a tres cuadras de nuestra casa donde compró la pastilla, la trajo acá y esa noche o muy temprano por la mañana, consumió la mitad de esa pastilla y le quitó la vida”, asevera Puerta quien muestra sus manos cuando recuerda que él fue quien encontró, en el tocador de la habitación, la mitad de la pastilla que ingirió su hijo.
“Las organizaciones ilegales aprovechan Snapchat”
En octubre de 2022, las familias de más de 60 jóvenes que murieron por sobredosis de fentanilo decidieron demandar a Snap Inc. La demanda fue interpuesta por Social Media Victims Law Center, una firma legal privada que se enfoca en exigir responsabilidades a las empresas de redes sociales por ocasionarle perjuicios a los menores de edad, y alega que SNAP permite que la gente venda drogas ilícitas en su plataforma, lo que provoca muertes.
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“Esta demanda es importante porque las muertes por opiáceos es el asesino número uno de los jóvenes de 18 años y menores en Estados Unidos y en toda América del Norte. Lo que estamos viendo es que un número significativo de estas muertes, prácticamente todas, implican opiáceos sintéticos en forma de fentanilo y muchas ventas de fentanilo se efectúan a través de Snapchat, el mercado de drogas al aire libre preferido por los narcotraficantes”, explica en una entrevista con Noticias Telemundo Matthew Bergman, fundador de Social Media Victims Law Center.
¿Qué alega la demanda?
La demanda alega negligencia, producto defectuoso, tergiversación y homicidio culposo. Las familias también afirman que la función de desaparición de mensajes de Snapchat puede perpetuar conductas ilegales al permitir a los usuarios oculten sus acciones, lo que dificulta que las fuerzas policiales puedan buscar pruebas de actividades ilegales. Los padres que participan en el proceso legal dicen que sus hijos murieron después de ingerir medicamentos que no sabían que contenían fentanilo.
“El 90% de todas las familias con las que he hablado me han dicho que la gran mayoría de sus hijos adquirieron las drogas a través de Snapchat. A los narcotraficantes les gusta mucho esta aplicación social porque todas las conversaciones entre dos personas desaparecen. Además, hay una opción en la que el algoritmo hace sugerencias para agregar hasta 200 personas, sin conocerlas realmente, y eso es un peligro para los jóvenes porque ahí puede haber pederastas, narcotraficantes, un sinnúmero de personas nefastas”, explica Puerta.
Aunque Snap Inc. usó los recursos legales a su alcance para que se desestimara la demanda, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles Lawrence P. Riff dictaminó el 2 de enero de este año que la demanda de los padres podía seguir adelante y proceder a juicio.
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