MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
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"Estados Unidos debería restaurar el acceso al asilo para todos, pero mientras (el presidente de Estados Unidos, Joe) Biden no pueda hacerlo, al menos debería usar de inmediato las excepciones existentes para los solicitantes de asilo en riesgo, incluidas las personas LGBT", ha dicho la investigadora fronteriza de HRW, Ari Sawyer.
El Título 42 es una disposición de salud pública impulsada por la anterior Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.
Los expertos de la ONU, que se encargan de vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos en virtud de tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales, ya enviaron una carta de denuncia a Washington con respecto a las expulsiones colectivas de migrantes del país, mostrando su preocupación ante la violación de los derechos de los migrantes.
Estados Unidos, no obstante, contempla protocolos y excepciones para aquellos solicitantes de asilo que corren un mayor riesgo. De hecho, Biden ha prometido su aplicación, aunque la decisión final recae en los agentes fronterizos, que son los encargados de otorgar o denegar excepciones.
En este sentido, tal y como ha denunciado la ONG, las organizaciones han documentado casos en los que los funcionarios fronterizos han devuelto a solicitantes de asilo LGBT, incluidos aquellos con VIH, a México.
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En concreto, HRW ha realizado al menos 29 entrevistas con migrantes, tanto en persona como por teléfono, en localidades como Ciudad Juárez y Ciudad de México, así como en El Paso, Texas, tal y como ha recogido en un informe.
Uno de los casos es el de una mujer que huyó a Estados Unidos desde Honduras, donde anteriormente enfrentó violencia dirigida por vivir abiertamente como mujer lesbiana. Tras sufrir varios incidentes, incluido un secuestro, pidió asilo en la frontera por su identidad sexual.
Según relató a Human Rights Watch, uno de los agentes le dijo a la mujer migrante que no le importaba lo que le estuviese pasando, por lo que finalmente fue deportada a Honduras, desde donde volvió a huir hacia Estados Unidos.
Asimismo, HRW ha hecho hincapié en que los solicitantes de asilo y otros migrantes enviados a México a menudo no pueden mantenerse por sí mismos o acceder a servicios básicos como refugio, alimentos, agua, transporte seguro o atención médica.
En el estado mexicano de Tamaulipas, Human Rights Watch descubrió que los solicitantes de asilo y otros migrantes son blanco sistemático de secuestros, extorsiones, violaciones y otros actos de violencia, tanto por parte de funcionarios gubernamentales como de delincuentes.
"Los solicitantes de asilo LGBTQ+ y VIH positivos enfrentan graves riesgos para su salud y seguridad desde el momento en que huyen de sus países, a menudo después de años de abusos selectivos, hasta que llegan a la frontera de Estados Unidos", ha subrayado la directora de la ONG Casa de Colores.
ABUSOS EN LA FRONTERA
Otro de los casos documentados por HRW es el de una pareja gay, con nombres ficticios, que buscaban asilo en la frontera estadounidense en febrero de 2022 y que fueron expulsados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a México.
Tras sufrir extorsión por parte de agentes de inmigración mexicanos, los funcionarios estadounidenses le dijeron a la pareja que Adolfo H. podría quedarse y buscar asilo en Estados Unidos porque es de Cuba, mientras que su pareja, Gerardo C., sería expulsado.
Mientras estaban bajo custodia, los funcionarios estadounidenses les dijeron que dejaran de tomarse de las manos o tocarse. Ante la perspectiva de volver a separarse, se casaron en México, con la esperanza de que, dada otra oportunidad, se les permitiera buscar asilo juntos.
Por ello, HRW ha pedido a la Administración Biden "investigar y disciplinar a los agentes fronterizos que envían indebidamente a solicitantes de asilo LGBT y otros solicitantes de asilo que corren un riesgo particular a México o a sus países de origen".
Finalmente, la ONG ha pedido al Gobierno mexicano que garanticen "que los agentes de inmigración mexicanos no expulsen a personas que puedan necesitar protección internacional sin el debido proceso y sin un examen previo por temor a volver a sufrir un daño potencial".