MADRID, 11 (Portaltic/EP)
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Meta ha anunciado nuevas medidas para frenar el ‘doxing’ en la red social, entre las que destaca la prohibición a sus usuarios de compartir la dirección postal de un domicilio si esta aparece como «disponible públicamente».
Se trata de una medida que ha adoptado tras recibir una advertencia por parte del Consejo asesor de Meta, cuyo fin es el de ayudar a tomar decisiones de forma independiente sobre la moderación de contenido en sus plataformas.
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Fue en verano del pasado año cuando Meta solicitó al Consejo una revisión de sus políticas de uso e intercambio de información residencial privada, ya que lo consideraba algo «significativamente difícil» de controlar.
«El acceso a las direcciones residenciales puede ser una herramienta importante para el periodismo, el activismo cívico y otros discursos públicos. Sin embargo, exponer esta información sin consentimiento también puede crear un riesgo para la seguridad de una persona y vulnerar la privacidad», señaló Meta en un escrito publicado entonces.
Tras revisar esta petición, el pasado mes de febrero, el Consejo asesor de la compañía tecnológica emitió su respuesta siguiendo a una investigación previa, y le recomendó implementar políticas ‘antidoxing’ más estrictas.
El ‘doxing’ es una práctica que consiste en la investigación y la publicación de información privada sobre un individuo o una organización, como el nombre, la dirección de correo electrónico o el teléfono, con el propósito de emprender una campaña en su contra.
A fin de evitar intimidaciones y otras malas acciones por parte de los usuarios, el Consejo solició a Meta la eliminación de una excepción que permitía a las personas compartir dicha información relacionada con las residencias privadas cuando se considerasen «disponibles públicamente».
«El Consejo entiende que difundir direcciones e imágenes residenciales privadas podría dar lugar a infracciones graves contra el derecho a la privacidad, tanto para las personas que usan Facebook e Instagram como las que no», indicó en dicha petición.
De este modo, la compañía ya no permitiría la presencia de contenido en sus redes sociales que sería infractor si no se hubiera publicado en al menos cinco medios de noticias o si no contuviera direcciones o imágenes residenciales obtenidas de informes, registros judiciales, comunicados de prensa o autoridades policiales, entre otras fuentes.
NO SE PODRÁN COMPARTIR DIRECCIONES PRIVADAS «DISPONIBLES PÚBLICAMENTE»
En consecuencia a estas revisiones, Meta ha señalado en una publicación de su centro de transparencia que aplicará la recomendación del Consejo para reforzar la protección de la privacidad de sus plataformas.
«Eliminaremos la actual excepción de información ‘disponible públicamente’ en nuestra Política de Violaciones de la Privacidad, a la vez que tendremos en cuenta los cambios propuestos en la tercera recomendación de esta opinión consultiva», ha añadido la compañía en el comunicado.
Esta tercera recomendación determina que Meta deberá permitir la compartición de imágenes que muestren la vista exterior de residencias privadas exclusivamente cuando la propiedad representada sea el centro de la noticia, a menos que sea «compartida en el contexto de la organización de propuestas contra el residente».
En este caso, la compañía planea aplicar ambas recomendaciones, recogidas en dos apartados diferentes, «antes de que finalice el año» presente.
A continuación, Meta ha especificado otras recomendaciones del Consejo asesor, que ha concluido que debería permitir la publicación de direcciones e imágenes de ciertas residencias oficiales a «altos funcionarios del Gobierno».
Con ello, ha subrayado que, debido a la dificultad de determinar una definición concreta para estos «funcionarios de alto rango» y aplicarla en países y comunidades de todo mundo, optará por utilizar las orientaciones ya existentes en otros ámbitos políticos para determinar si se trata de residencias oficiales de propiedad pública.
«Esta orientación incluye a los cargos oficiales reconocidos a nivel mundial que tienen más probabilidades de residir en residencias oficiales de propiedad pública, como los embajadores y los jefes de Estado», ha dicho Meta.
Finalmente, la compañía ha insistido en que, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo asesor, esta medida, cuya aplicación se irá determinando en los próximos informes trimestrales, no estará destinada a las residencias privadas de los funcionarios públicos.
ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Otra de las recomendaciones propuestas por la Junta de supervisión de contenido es la introducción de las Normas de la Comunidad de Instagram en un plazo de 90 días, para informar a los usuarios de que si un contenido se considera infractor en Facebook, también lo es en Instagram.
Así es como aparece establecido en el Centro de Transparencia de la empresa. Sin embargo, ahora se van a establecer nuevas especificaciones en las normas de la Comunidad de Instagram y se van a identificar casos en los que las políticas de ambas redes sociales difieran.
La compañía ha comentado que necesita más tiempo para poder perfilar esta cuestión y ha dicho que no se puede comprometer a publicar la modificación definitiva en el plazo de 90 días establecido por el Consejo.
«Seguimos avanzando en este trabajo, abordando esta recomendación de forma que se garantice la precisión y la coherencia mediante la creación de las capacidades técnicas necesarias para que las actualizaciones periódicas en un lugar se reflejen automáticamente en el otro, y que el producto final cumpla con los requisitos reglamentarios», ha concluido.