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Periodistas salvadoreños rechazan reformas al Código Penal

SAN SALVADOR (AP) — Luego de que el gobierno de El Salvador aprobara reformas al Código Penal para encarcelar a cualquier persona que difunda información que supuestamente reproduzca mensajes de las pandillas, los periodistas del país centroamericano mostraron su preocupación.

Las reformas, que ya están vigentes y fueron sancionadas el martes por el presidente Nayib Bukele, implican una sanción de 10 a 15 años de cárcel para todo aquel que a través de cualquier medio de comunicación reproduzca y transmita mensajes originados por las pandillas y que pudieran causar pánico entre la población. No se aclara quién determinará si un contenido debe ser penalizado o no ni quién estará a cargo de detectar un mensaje que infrinja la ley.

El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Cesar Fagoaga, dijo el miércoles en conferencia de prensa que ahora se está “intentando creer de una forma totalmente equivocada que la prensa es, o ha sido, vocera de las pandillas”. Agregó que “no solo se nos está afectando a nosotros, se está afectando a la información de la población. Esta reforma lo que busca es que la gente se censure y que no digamos nada”.

La relación entre la prensa y Bukele ha sido tensa desde el inicio de su gestion.

La APES calificó las reformas al Código Penal “como un claro intento de censura a los medios de comunicación”. Sostuvo que las reformas “amenazan con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que, desde la actual administración, obsesionada con la propaganda y la tergiversación, se busca esconder”.

“Lo que estamos viendo es otro paso por violentar la libertad de prensa, es un acto puro de censura”, agregó el relator de APES, Serafín Valencia.

“Lo que quiere el gobierno y la Asamblea Legislativa es que la ciudadanía no sepa la realidad en la que está viviendo”, afirmó el abogado Eduardo Escobar de la ONG Acción Ciudadana.

Por su parte, la abogada penalista Tahnya Pastor explicó a la AP que “las reformas establecen una prohibición directa a los medios de comunicación de producir mensajes presuntamente de pandillas que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Sin embargo, señaló que no se trata de una prohibición completamente abierto, ya que, por ejemplo, no se prohíbe escribir un libro de las pandillas, “pero sí retrasmitir mensajes para confirmar el control, la soberanía de las pandillas, para evitar la zozobra”.

Explicó que, con estas reformas, se penaliza a quienes usando las redes sociales publiquen videos de las pandillas en los que muestran sus armas y amenazan al gobierno y a la población, o mensajes de supuestos toques de queda en zonas específicas del país.

Además de los cambios ya mencionados se aprobó una ley para que el Estado pueda utilizar los bienes, dinero, armas de fuego, valores y otros activos que hayan sido incautados a los grupos criminales y que se encuentren bajo custodia del Ministerio Público, la policía y los tribunales de justicia. Estos bienes serán utilizados para el combate al crimen organizado.

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