Entró corriendo a su casa, agitado, con miedo. En cuanto encontró a su madre en la sala, Josué Joel se arrodilló: “¡Perdóname, mamá, perdóname, me van a venir a matar, cometí un error!”, clamaba desesperado.
Acababan de marcar las 8:00 p.m. y el muchacho de 16 años no lograba explicarle a María que había insultado a un reconocido cuadro sandinista de la ciudad de Masatepe.
“Primero vinieron siguiéndolo con piedras. Al rato apareció un hombre en bicicleta preguntando por él, me dijo que le había quebrado tres puertas y que le sacó el ojo a una señora. Le dije que me trajera las pruebas”, cuenta su madre, una trabajadora doméstica que no puede contener las lágrimas al recordar aquel 4 de julio.
Josué Joel se escondió debajo de la cama, justo antes de que más de una docena de hombres armados y con pasamontañas llegaran a su casa a bordo de tres camionetas Hilux. “¿Dónde está? Hoy lo sacamos muerto de aquí”, recuerda María que le gritaban los hombres, mientras disparaban en ráfaga.
Como no hallaban a Josué Joel se llevaron a dos de sus hermanos. “¿Querés morir aquí perra desgraciada?”, le decían a María, porque no les contestaba cuanto insistentemente le preguntaban dónde estaba su hijo menor. “Me puso el arma en la frente, y cuando cargó el arma, mi hijo salió corriendo”, recuerda María, quien habla pausado, como intentando recordar cada detalle de aquella noche fatídica.
“¡Allá va!”, gritaron los hombres cuando vieron salir al muchacho, quien salió descalzo y corriendo desbocado. Las balas sonaban una tras otra.
Esa fue la última vez que su familia vio a Josué: vestía un short café y una camiseta negra.
No saben si los armados lo agarraron o si logró huir, aunque esto último es menos probable. “La gente gritaba: ¡lo mataron!, ¡lo mataron!, unos me vinieron a preguntar si lo habían traído muerto, otros me dijeron que se lo llevaron ensangrentado”, narra su madre.
A sus hermanos los liberaron al día siguiente. “El delito de estos es que anduvieron una vez apoyando la marcha”, dice una de sus tías, mirando de reojo la foto de su sobrino, un joven moreno y vivaracho que apenas cursaba el primer año de secundaria.
¿Cuántos desaparecidos?
No hay una cifra exacta sobre la cantidad de desaparecidos en los últimos tres meses en Nicaragua. Entre las organizaciones locales de derechos humanos, el número varía: 595, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), 120 en la lista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y 12, de acuerdo con Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), hasta el 27 de julio.
La diferencia entre una y otra organización está relacionada con la falta de información por parte de las autoridades, los recursos de estos organismos para darle seguimiento a cada caso y la disposición de los familiares a reportar que sus parientes han aparecido.
Denis Darce, de la CPDH, explica sobre este último aspecto que muchas familias son amenazadas y asediadas por agentes afines al Gobierno una vez que estos reportan la desaparición de sus allegados. Por ello algunos no reportan cuando aparecen, y mientras los defensores de derechos humanos no puedan corroborar que la persona retornó a su hogar, esta se mantiene en la lista.
Darce asegura que un factor que incide en la falta de información sobre estas personas es la negativa de las instituciones policiales y judiciales a brindar detalles y listas concretas sobre las personas detenidas.
Otra variable menos común, según Darce, es la de personas que han huido por su voluntad sin avisar a sus familiares, y una vez fuera del país o en una ciudad diferente, evitan comunicar que han sido encontrados para no ser perseguidos por las autoridades.
Desapariciones forzadas
La mayoría de estas desapariciones se dan luego de detenciones ilegales. Defensores de derechos humanos califican la práctica como desapariciones forzadas. Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), asegura que estas empezaron a ocurrir desde los primeros días de protestas antigubernamentales.
Según la Organización de Estados Americanos (OEA), una desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
La OEA agrega en su definición que las desapariciones forzadas se caracterizan por “la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
La forma más común de desaparición, de acuerdo con defensores de derechos humanos, son los secuestros a manos de parapoliciales. Como los que presuntamente capturaron a Josué Joel. Estos grupos armados y encapuchados afines al Gobierno han puesto en marcha una respuesta represiva contra cientos de ciudadanos que han participado o tienen vínculos con las protestas ciudadanas que piden la renuncia del presidente Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo.
La La Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalla en su informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, publicado el 21 de junio, que los parapoliciales actúan en aquiescencia con la Policía Nacional y tienen el objetivo de amedrentar, vigilar y reprimir a los protestantes y disuadir la participación social en manifestaciones.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), en su último informe sobre la crisis sociopolítica, indica que 758 personas habían sido reportadas como secuestradas por civiles armados encapuchados y policías en todo el país, solamente entre el domingo 22 y el amanecer del lunes 23 de julio.
La CIDH recomendó al Estado nicaragüense en su informe final, ratificar “en particular” la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas Organización, de la OEA. Sin embargo, fuentes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que actualmente tiene presencia en el país, aseguraron a Metro que “la obligación de ratificar tratados de derechos humanos es una obligación de los Estados en condiciones normales y lo es especialmente en este contexto de crisis”, lo que no significa que estos tengan evidencia sobre este tema en particular.
“No tenemos evidencia hasta ahora sobre desapariciones forzadas”, aclaró la fuente, añadiendo que “lo que hay es un patrón preocupante de detención de personas de las cuales no hay información por varios días y después se informa que están normalmente en El Chipote (Dirección de Auxilio Judicial)”.
Pero no todas las personas que son detenidas ilegalmente aparecen en El Chipote. “Estas personas se han encontrado después de una o dos semanas en la Dirección de Auxilio Judicial, otros en los diferentes distritos policiales, algunos aparecieron tirados en otros puntos de la capital, incluso rotondas, algunos más aparecieron en hospitales y otros casos que han aparecido en el Instituto de Medicina Legal (IML)”, detalla Braulio Abarca, defensor del Cenidh.
Sobre la última variable se han hecho públicos varios casos, como el de Alexander Munguía, cuya madre había reportado su desaparición el 8 de mayo y 10 días después, mientras esta se encontraba denunciando el caso ante la CIDH en un hotel de Managua, el IML le informó que su hijo estaba en su morgue.
Más recientemente, Edgardo Antonio Hernández, de 30 años, fue capturado por parapoliciales en Monimbó, el 17 de julio, y días después de estar desaparecido fue encontrado muerto en el IML.
El Cenidh también ha recibido denuncias de la existencia de cárceles clandestinas. “Tenemos conocimiento al menos de dos cárceles: la primera de ellas, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que queda en el Memorial Sandino; y la otra es la Dirección de Protección a Personalidades, detrás del Centro de Convenciones Olof Palme”, detalla Braulio Abarca.
En otros departamentos también se han reportado cárceles clandestinas, utilizadas —según Abarca—como centros de torturas.
Pero de los que no aparecen ni en la cárcel, ni en los hospitales, ni en las morgues, no se tiene ninguna pista.
Periplo doloroso
María ya ha buscado a Josué Joel en El Chipote y en los distritos policiales de Masatepe, Masaya, Jinotepe y San Marcos. También recorrió los hospitales cercanos y hasta ha tenido que reconocer cadáveres en la morgue. Ella presiente que está vivo.
“Yo siento que él está vivo. Hace dos años perdí a mi hijo mayor, y yo presentí cuando él se murió. Sentí un dolor en el pecho, cuando me vinieron a avisar que se me había ahogado en la laguna. Ahora no siento ese dolor que esa vez sentí, por eso siento que está vivo”, dice María de Jesús, quien se pasa las tardes buscando noticias de su hijo en Facebook y que duerme escasamente por las noches.
Josué solía sentarse en la sala a ver la televisión o a escuchar música. A diferencia de los jóvenes de su edad, no tenía celular ni redes sociales. “No le gustaba eso”, dice su hermana, de 25 años. Ella tampoco pierde las esperanzas de volver a ver a su hermano menor.
Con una mano María sostiene la foto de su hijo, de cuando salió de sexto grado, y en la otra sostiene las balas que los parapoliciales dispararon sin contención dentro de su casa. “No importa que me lo den como esté, aunque esté golpeado, pero yo lo quiero, lo quiero ver”, dice la mujer de 45 años. “Yo voy a seguir buscándolo”.
“Primero vinieron siguiéndolo con piedras. Al rato apareció un hombre en bicicleta preguntando por él, me dijo que le había quebrado tres puertas y que le sacó el ojo a una señora. Le dije que me trajera las pruebas”,
Madre de Josué Mora, desaparecido
hace más de un mes
“No tenemos evidencia hasta ahora sobre desapariciones forzadas”
La Comision Interamericana de Derechos Humanos
758
personas fueron reportadas como secuestradas solamente entre el domingo 22 y el amanecer del lunes 23 de julio.