El 6 de junio de 2025 quedará en la historia del deporte de Estados Unidos, ya que tarde ese día, una juna jueza federal avaló un convenio entre la NCAA, las principales conferencias y los abogados que representan a los atletas de la División I que permitirá que los deportistas universitarios reciban un pago directo por su participación en las competencias de college, especialmente fútbol americano, baloncesto y béisbol.
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Estos pagos directos serán considerados oficialmente como una “repartición de utilidades”.
La jueza Claudia Wilken autorizó el pacto en el caso House v. NCAA, que pone fin a tres procesos judiciales que sostenían que la asociación atlética universitaria restringía de manera ilegal las posibilidades económicas de los deportistas.
La decisión pone fin a décadas de disputas y reclamos, ya que las universidades podían recibir ingresos millonarios gracias a contratos televisivos y comerciales, pero los deportistas que tenían una calificación obligatoria de “aficionados”, no recibían nada a cambio.
¿Por qué los deportistas universitarios no recibían un pago?
Durante años, la NCAA argumentó que el propósito del deporte universitario era educativo y que muchos destacados jugadores recibían una beca a cambio. Así, por ejemplo, Michael Jordan se graduó Geografía Cultural en la Universidad de North Carolina y Tom Brady recibió un título de Estudios General con foco en negocios y sicología en la Universidad de Michigan.
Pero con la masificación de la televisión por cable en la década de los 90 y la consolidación de los canales deportivos, las universidades comenzaron a firmar contratos multimillonarios mientras que a los deportistas no se les permitía recibir ni siquiera regalos de marcas deportivas.
La Conferencia Big Ten, que agrupa a universidades como Ohio State, Michigan, Michigan State, Illinois, UCLA y USC, tiene un contrato de 7 años por $7 mil millones con NBC, CBS y FOX. A su vez, la Conferencia SEC de Alabama, Florida, Georgia, Texas, Oklahoma, entre otras, firmó un acuerdo de 3 mil millones con ESPN.
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Dicha disparidad avivó las críticas, los cuestionamientos y los recursos legales.
Un primer paso para lograr mayor equidad se materializó desde 2021, cuando a los deportistas universitarios se les permitió obtener ingresos mediante acuerdos de patrocinio vinculados al uso de su nombre, imagen y semejanza (NIL, por sus siglas en inglés). Esta práctica dio lugar a la creación de colectivos de personas particulares que manejaban grandes sumas de dinero para incentivar el reclutamiento de talento, particularmente en deportes como el fútbol americano y el baloncesto.
¿Cómo se materializará el pago para los deportistas universitarios?
Las universidades planean comenzar a realizar pagos directos a los deportistas a partir del 1 de julio, lo que ha obligado a las instituciones a acelerar la implementación de estructuras administrativas y financieras para adaptarse al nuevo escenario.
Como parte del acuerdo, la NCAA se compromete a distribuir cerca de 2.800 millones de dólares en compensaciones retroactivas a lo largo de la próxima década. Estos fondos se destinarán a los atletas que compitieron desde 2016 hasta la fecha.
Además, a partir del ciclo 2025-2026, cada universidad podrá pagar a sus equipos hasta un máximo de aproximadamente 20,5 millones de dólares anuales, cifra que aumentará progresivamente durante los diez años de vigencia del convenio. Estos nuevos pagos no reemplazan, sino que se suman a las becas y beneficios previamente establecidos.
Con el nuevo modelo, estos fondos comenzarán a canalizarse directamente a través de los departamentos deportivos de las universidades.
Además, se creará la College Sports Commission, formada por las cinco grandes conferencias demandadas (Big Ten, Big 12, ACC, SEC y Pac 12) para implementar este acuerdo y el primer CEO será Bryan Seeley, ex vicepresidente ejecutivo de las Grandes Ligas del Béisbol.
El presidente de la NCAA, Charlie Baker, ha manifestado que este nuevo marco normativo permitirá a las instituciones universitarias recuperar cierto control en un entorno que se había vuelto caótico e incontrolable debido a la falta de regulación sobre los pagos realizados por terceros.
De hecho, como parte del acuerdo, las universidades tendrán la facultad de establecer normas para reducir la influencia de los colectivos de patrocinio (conocidos como boosters, que son grupos de millonarios que ayudan a los distintos equipos).
Los dirigentes universitarios han solicitado al Congreso estadounidense que intervenga con una legislación federal que evite la clasificación de los atletas como empleados y otorgue a la NCAA una exención a las leyes antimonopolio, facilitando así la imposición de límites salariales y condiciones de transferencia similares a las que existen en los deportes profesionales.
Pero diferencia de las ligas profesionales, donde las reglas sobre sueldos y movimientos de jugadores se negocian con sindicatos, las universidades afirman que no podrían sostener sus programas deportivos si se obliga a los atletas a tener un estatus laboral formal.
