El asesinato a sangre fría de dos agricultores al interior de un camión el sábado en la Ruta 66, también conocida como Carretera de la Fruta, le abrió un nuevo frente de conflicto al Gobierno.
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El doble homicidio -ocurrido cerca de Malloa y por el cual hay cuatro venezolanos detenidos- llevó a la Federación de Camioneros de la zona CentroSur a exigir una serie de medidas al Gobierno para dar “una solución real al tema delictual” y a plantear una suerte de ultimátum -un paro- si no son respondidas de aquí al miércoles.
De acuerdo a la versión de la senadora Ximena Rincón, que participó de una reunión con los camioneros, las peticiones incluyen cerrar las fronteras del país, en especial la frontera norte; resguardo militar en los aproximadamente 800 kilómetros de fronteras en la misma zona; construcción de una zanja; expulsión inmediata de inmigrantes ilegales y no regularización de su estadía; endurecer la ley de migración; estado de emergencia en la macrozona norte; facultad a las fuerzas armadas para controlar todos los buses que se trasladen de norte a sur, con facultad de detener a todos los inmigrantes ilegales; indemnización inmediata a las víctimas de Malloa y pensión de gracia vitalicia; y, por último, que se concedan las solicitudes de estado de excepción que han hecho algunos alcaldes.
El vocero de los camioneros, Camilo Jiménez, dijo en radio Cooperativa que “la seguridad está desbordada y, si no tomamos acciones distintas a las que hoy día tenemos, vamos a seguir con el mismo problema. El problema es que muchos ya están con la sensación de cómo trabajamos, cómo vivimos, si la delincuencia no está controlada”.
La posición de los camioneros fue contestada por el Gobierno a través del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien dijo que “un mejor Chile no se construye a través de ultimátum, sino que a través del diálogo”.
“Lo que necesitamos es diálogo para ir revisando las distintas medidas que se han adoptado para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad y sobre la base de esa evolución ir tomando medidas adicionales”, añadió Elizalde.
Mientras, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y exministro de Agricultura del segundo mandato de Piñera, Antonio Walker, también llamó al diálogo: “No estamos de acuerdo con una paralización, en plena época de cosecha. Esto se trata de restaurar el orden público”.
Walker, no obstante, se solidarizó con el drama de los camioneros abatidos y advirtió que “las bandas de crimen organizado se han trasladado a comunas rurales”.
La SNA junto a parlamentarios entregaron una carta en La Moneda para solicitar medidas urgentes que garanticen la seguridad en las rutas.